En marzo del 2013 el Tribunal Constitucional (TC) admitía a trámite el recurso de inconstitucionalidad 1114-2013, contra el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, ante la no revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios del Consumo (IPC) en 2012.
Debido al contenido recogido por el artículo segundo de la citada norma se dejó sin efecto, en el ejercicio 2012, la actualización de las pensiones conforme al (IPC) vulnerando supuestamente, el principio de irretroactividad consagrado en el art. 9.3 de la Constitución Española (CE).