Constituida en 1995, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo nacía con el fin de ofrecer soluciones a los problemas estructurales que por aquel entonces ya presentaba el sistema de la Seguridad Social. Tras permanecer un año paralizada y con unas recomendaciones pendientes de ser actualizadas, esta Comisión permanente de carácter no legislativo presentaba en octubre del 2020 un total de veintidós conclusiones, encaminadas a marcar la senda de la reforma del modelo público de pensiones en la que ya trabaja el Gobierno. Alcanzado el consenso parlamentario, el Ejecutivo se centra ahora en aprobar una normativa que permita garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema de la Seguridad Social, salvaguardando, a su vez, el poder adquisitivo de las pensiones.
Descenso de pensionistas
A finales del pasado año, las cuentas públicas mostraban la primera caída anual en el número de pensionistas, como consecuencia del alto número de decesos registrados entre la población de mayor edad y del cierre temporal de las oficinas de la Seguridad Social. Pese a que los efectos ocasionados por la COVID-19 tendrían una naturaleza transitoria en el sistema, el desplome de las cotizaciones ha supuesto un gran impacto en el mismo, habiendo aumentado el déficit que ya se venía arrastrando en los años previos a la pandemia. Así lo expresaba el economista y experto en longevidad y pensiones, José Antonio Herce, durante su intervención en una sesión organizada por el Observatorio EOI de Economía Global, en la que recordaba como sistemas de la Seguridad Social de todo el mundo deben hacer frente a los problemas regulares que van surgiendo con el paso de los años, a través de reformas constantes. “Es imposible que un sistema de pensiones esté estabilizado, menos aún para siempre”, apuntaba.
La desestabilización progresiva de las cuentas de la Seguridad Social ha ocasionado que muchas personas hayan llegado a cuestionar su perdurabilidad en el tiempo. Afirmaciones, que habrían llevado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a pronunciarse al respecto, defendiendo su viabilidad a largo plazo. En esta postura también se mostraba el responsable de Análisis Económico de España de BBVA, Rafael Doménech, para quien el sistema sí tendría futuro. “Todo depende de lo que hagamos”, sentenciaba. Según lo apuntado por Herce, además de guardar una relación con el documento presentado por el Pacto de Toledo, la futura reforma deberá dar respuesta a las “necesidades de sostenibilidad, suficiencia y equidad de nuestro sistema de pensiones en la actualidad”.
Hacia los sistemas de previsión complementaria
Entre los principales motivos que explicarían el porqué del carácter deficitario de la Seguridad Social, los expertos apuntan a ese papel predominante que ocuparía el Estado en el pago de las prestaciones públicas, frente a la ilusoria representación de los sistemas de capitalización, constituidos por planes de empleo y planes individuales. Una realidad muy diferente a la que mostrarían otros países del entorno como Suecia, en los que predominarían los sistemas mixtos. “Necesitamos una revolución en el sistema de previsión complementaria y afortunadamente tenemos indicios”, señalaba Herce. La puesta en marcha de este tipo de sistemas de ahorro complementario permitiría reducir la presión sobre las cuentas públicas, a la vez que facilitaría a los trabajadores disponer de ciertos ahorros una vez llegada la jubilación. El que fuera también director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicaba (FEDEA), dedicaba parte de su intervención a reflexionar sobre el valor de los trabajadores senior en el mercado laboral, alegando que en aquellos países donde mayor es su participación menor es la tasa de desempleo entre los jóvenes. Por ello, llamaba a implantar los denominados “contratos de compatibilidad” que permitan dar continuidad a la actividad laboral compatibilizando las pensiones de jubilación. “La jubilación no es un regalo, es un derecho”, concluía.